Redacción BBC Mundo
El Senado de Italia sancionó este martes una controvertida ley de inmunidad que permitirá al primer ministro Silvio Berlusconi y otros tres altos funcionarios del gobierno evitar los procesos judiciales mientras estén en el poder.
La medida alcanza también al presidente de la república, Giorgio Napolitano, quien ahora debe poner la firma final para que la norma entre en vigor una vez publicada en el boletín oficial.
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Berlusconi designa a su gabinete ... acoso de jueces y fiscales con intereses políticos", dice desde Roma, David Willey de la BBC.
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"Habiendo sido llevado a los tribunales al menos seis veces bajo cargos de corrupción, aunque nunca sentenciado, Berlusconi se quejó por mucho tiempo de ser una víctima de la Justicia italiana", agrega el corresponsal.
Una ley a medida
Las críticas de la debilitada oposición de centroizquierda en el sentido de que la ley fue hecha a medida de los intereses de Berlusconi, nada pudieron hacer para impedir su aprobación.
Uno de los primeros efectos que tendrá la norma será la suspensión parcial del proceso penal contra el primer ministro que se sustenta en los tribunales de Milan.
Allí, el político de 71 años es juzgado junto con el abogado británico David Mills por soborno, juicio que Berlusconi no pudo detener cuando pidió infructuosamente la remoción de la magistrada que lleva el caso.
También interrumpe el proceso en los tribunales de Roma por las acusaciones de connivencia entre su imperio mediático Mediaset y la cadena de radiodifusión estatal RAI.
"Derecho a saber"
Los partidarios de Berlusconi adujeron que la ley de inmunidad es necesaria para permitir a los más altos funcionarios concentrarse en su tarea de gobierno sin sufrir distracciones legales.
En este sentido, respaldaron las protestas del primer ministro quien se queja por haber atendido 2.500 audiencias judiciales, recibido 587 visitas de la policía y gastado unos US$271 millones en honorarios legales desde que ingresó a la arena política hace 14 años.
Sin embargo, la ley enfurece a la oposición. "Los ciudadanos tienen derecho a saber si su primer ministro es o no es un criminal", expresó el diputado de centroziquieda Antonio Di Pietro.
También provocaron molestias las declaraciones del ministro de Justicia, Angelinio Alfano, quien consideró que la norma pone ahora a Italia en igualdad de condiciones con otros países de la Unión Europea.
Desde Roma, David Willey de la BBC, informa que un centenar de abogados constitucionalistas firmaron una declaración advirtiendo que se trata de una verdad a medias ya que la inmunidad se aplica sólo en Francia, Portugal y Grecia y restringida únicamente al jefe de Estado.
(BBC)
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